En 2022, el presidente salvadoreño Nayib Bukele decreta el estado de excepción para luchar contra la violencia de las pandillas. Tres años después, ese régimen sigue vigente, permitiéndole al mandatario asentar su poder y saltarse las reglas del Estado de derecho. Y es bajo ese régimen que llegan los migrantes expulsados de Estados Unidos a la ya famosa mega prisión salvadoreña planteando serias violaciones de Derechos Humanos. La alianza Trump-Bukele es sintomática de la política de mano dura de ambos países, como lo señala Jonathan Méndez, defensor de Derechos Humanos salvadoreño.
El reciente encuentro entre Donald Trump y Nayib Bukele en la Casa Blanca estuvo lleno de amabilidades. Se enfocó en el tratado de expulsión de migrantes de Estados Unidos y su encarcelación en El Salvador, a cambio de dinero. Un pacto que beneficia a ambos, tras haber sostenido relaciones complejas durante la campaña de los dos candidatos en 2024.
"Nayib Bukele ha sido señalado por tener pactos con las pandillas, inclusive por el Departamento de Estado estadounidense. Ahora es como un negocio político en donde no se mancha la imagen de Bukele. Y también cumple Trump su promesa de lograr expulsar, al menos en la narrativa pública a los migrantes. De hecho dijo que iba a enviar a El Salvador lo peor de lo peor", explica Jonathan Méndez, defensor de derechos humanos que ha sido seleccionado por la iniciativa Marianne del gobierno francés. Un programa de acompañamiento y capacitación de defensores provenientes de los cinco continentes.
Los migrantes expulsados por la administración Trump llegan a El Salvador bajo un régimen de excepción vigente desde hace tres años. "Vemos cómo se restringen las libertades civiles, los derechos humanos y esto representa un desafío porque entonces estamos bajo un régimen, que también restringe todos los derechos humanos. Hay una una narrativa pública de libertad de expresión. Pero realmente es muy complejo hablar sobre estos temas, porque las personas que lo hacemos corremos el riesgo de tener represalias", cuenta el activista y fundador varias organizaciones en su país en donde ha sido amenazado.
En la cárcel por razones políticas
"He tenido encuentros con agentes de la policía, militares y es bien complicado porque al mismo tiempo hay una presión para no hablar de lo que sucede. Hay personas que están en las cárceles por razones políticas", agrega. Un informe publicado en 2024 por Human Rights Watch denuncia graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años de edad. Y esto sin contar lo que ocurre en la mega cárcel de alta seguridad inaugurada por Bukele, el CECOT.
"Miles de personas están presas injustamente, no se les ha comprobado en un juicio. No se respeta el debido proceso, la privacidad de las comunicaciones ya no existe, también la libertad de asociación y reunión. Y aparte hay más de 75.000 personas que han sido detenidas en el marco del régimen y que están actualmente en prisiones y que no se ha comprobado realmente si son culpables", denuncia Jonathan Méndez.
"Se ha incrementado el presupuesto de las Fuerzas Armadas, pero se ha restringido el derecho a la educación, a la salud. Ha habido recortes en estas áreas que son importantes", apunta el también defensor de derechos ambientales, que lamenta el regreso de la minería metálica a El Salvador. Una actividad que estuvo prohibida durante ocho años por los riesgos ambientales y sanitarios que supone. Jonathan Méndez teme igualmente la recrudescencia de la represión de líderes ambientalistas.
"Es un retroceso alarmante. Por años las organizaciones medioambientales lucharon para que el país fuera un país que pudiera prohibir la minería metálica. Seis de cada diez salvadoreños no quiere la minería metálica, el 78% de las personas sabe que no quiere vivir cerca de una mina", agrega.
Desde 2005, comunidades de El Salvador han frenado 25 proyectos mineros y cinco ambientalistas que se oponían a esta ley minera han sido enjuiciados sin pruebas evidentes."Estos son los riesgos que conlleva enfrentarse a un régimen de excepción. Muchas organizaciones lo tachan de dictadura y realmente así lo es, porque tiene el control total de todas las instituciones. Es una muestra del acoso que viven las personas que quieren defender los derechos humanos".
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Un programa coordinado por Paola Ariza y Yesica Brumec, realizado por Souheil Khedir y Vanessa Loiseau.