65 días después del desplome de la discoteca Jet Set y un día después de que saliera la ultima personas hospitalizada por las heridas de la tragedia que dejó 236 víctimas mortales y 189 heridos de distinto nivel, las autoridades pusieron bajo arresto a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento.
Sobre ellos pesa la acusación de homicidio involuntario agravado, según la nota del ministerio público, por el intento de intimidar o manipular a empleados para que no revelarán informaciones sobre el conocimiento que tenían los dueños del nivel de deterioro de la infraestructura.
El ministerio público actuó horas después de recibir el informe técnico y un día después de que Gregory Adames, quien fungía como encargado de reservas del establecimiento, revelara que el mismo día de la tragedia pidió al dueño que se supendiera la actividad por miedo a que se desplomara.
La pena máxima que establece el Código Penal para el homicidio involuntario es de 2 años. Hay que decir que en nuestra práctica de derecho las mayoría de los casos de homicidio involuntario se corresponden con accidentes de tránsito con la presencia de víctimas mortales o lesionados.
Al ministerio público le toca instruir la acusación y representar en estrado a las 236 víctimas de las que 78 habrían representado querellas o denuncias.
Toca al tribunal decidir sobre este caso en el que el homicidio involuntario se multiplica por 236.
No será un tribunal popular y hay que evitar el populismo judicial frente a un pueblo que todavía no discierne entre el papel de un procurador y un juez o jueza.
No hay precedentes para casos como este que puedan servir como referencia a quienes decidirán sobre la suerte de los propietarios y como tales responsables de una tragedia que costó 236 vidas.
Pero es importante que se sienta que hay resarcimiento moral más que económico frente al dolor colectivo que nos impuso el luto más largo que recuerde la República Dominicana.
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