El Poder Judicial y sus promesas eternas | Ewald Acuña | Pongámonos Serios

Quien espera años por una pensión alimentaria, un caso laboral o un parte de tránsito sabe que la justicia costarricense es lenta. Menos conocido es quién la administra: los mismos 22 magistrados que dictan la última palabra en casación deciden también sobre edificios, remodelaciones y nombramientos. Mientras tanto, el expediente del ciudadano sigue en la fila.

Ewald Acuña, abogado penalista que empezó su carrera dentro del Poder Judicial, describe un aparato al que se le fueron sumando la Fiscalía, la Defensa Pública y el OIJ bajo un mismo jerarca. A eso se agrega una Sala Constitucional que, según Acuña, recibe unos 40.000 asuntos al año, y una regla constitucional que reelige de forma automática a cada magistrado salvo que 38 de los 57 diputados voten lo contrario.

Tras el cementazo de 2019 hubo propuestas de reforma; ninguna salió del papel. Este año, recuerda Acuña, la Corte Plena se opuso a un proyecto que recortaba sus competencias administrativas, mientras quienes aspiran a presidirla prometen precisamente ese recorte.

El problema de fondo es una institución que trasladó la última palabra jurisdiccional al terreno administrativo. Acuña propone sacar al Ministerio Público y a la Sala Constitucional del Poder Judicial, desjudicializar el cobro y darle vuelta a la reelección. Y defiende una idea que la polarización actual volvió casi impronunciable: pedirle cuentas a la Corte no equivale a atacarla.