Daniel Matanmala conversa con la exministra Carolina Tohá y con el abogado constitucionalista Javier Couso. El gobierno acaba de presentar un proyecto para crear un nuevo estado de excepción, el de seguridad pública. Y al hacerlo, ha dado un paso alarmante hacia la democracia iliberal. Y es que este estado de excepción es incompatible con una democracia liberal. Convierte al Pdte de la República en una especie de dictador temporal, con poder para suspender la libertad personal, de locomoción, el derecho a reunión y a asociación, a espiar nuestras comunicaciones privadas y a requisar los bienes de todos nosotros.
Entrega al Pdte de la República facultades mayores al estado de sitio con que gobernaba Pinochet, algo que ningún gobierno ha reclamado desde la dictadura. De hecho las restricciones que imponen hoy solo existen en el estado de asamblea, o sea, el de guerra con otro país.
Y lo hace por hasta ocho meses sin necesidad de consultarle al Congreso. O sea, si se aprueba esta reforma, al día siguiente el presidente podría terminar con todas estas libertades, por ocho meses, sin preguntarle a nadie. Afortunadamente, como aun estamos en democracia, es el Congreso el que tiene aquí la última palabra. Y es alentador que en estas horas muchos políticos y académicos incluso de derecha o cercanos al oficialismo estén levantando la voz de alerta. Y es de esperar que el Congreso esté a la altura de su responsabilidad histórica en este momento crítico para nuestra democracia.