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Camilo nos recuerda la acordada de la Corte Suprema del 10 septiembre de 1930 que le dio todas las garantías al golpe de Uriburu, afirmando que, si hay una “revolución” triunfante, ésta tiene el poder del control monopólico de la coerción estatal. A partir de ese momento se garantiza que cualquier golpe de Estado que tenga el control del orden, es efectivamente un gobierno de facto, pero no viola la Constitución.