Antes de que Miguel Krassnoff Martchenko se convirtiera en un nombre asociado al terror en Chile, ya existía una historia escrita con sangre. No comienza en Santiago ni en 1973. Comienza mucho antes, en las estepas del Imperio zarista, en el odio antiguo hacia toda forma de emancipación popular, en una guerra larga contra quienes se atrevieron a imaginar un mundo sin señores ni siervos.
Krassnoff es heredero de una estirpe cosaca que combatió al proceso revolucionario ruso y que, en su fase final, colaboró abiertamente con el nazismo. Su abuelo, Piotr Krasnov, general del ejército zarista y atamán cosaco, y su padre, Semión Krasnov, eligieron alinearse con Hitler en la invasión a la Unión Soviética. No fue una confusión ni una circunstancia forzada: fue una decisión política. Defender el viejo orden frente a la revolución.
La derrota del Tercer Reich significó también la derrota definitiva de esa aristocracia militar. Los cosacos colaboradores fueron perseguidos, juzgados y ejecutados por el Ejército Rojo. Entre ellos, el abuelo y el padre de Krassnoff, fusilados en Moscú en 1947. Esa derrota no solo cerró una etapa histórica: inauguró un resentimiento heredado, transmitido como relato familiar, como mandato, como misión inconclusa.
Miguel Krassnoff creció escuchando esas historias. No como tragedias, sino como epopeyas truncadas. La revolución no era para él un proceso histórico: era el enemigo que había humillado a su linaje. El marxismo no era una idea: era el verdugo de su sangre. Ese odio no se formó en Chile, ni en la Escuela Militar, ni en la DINA. Llegó antes. Viajó con él.
Cuando su familia se exilia y arriba a Chile, el país aparece como refugio, pero también como escenario de revancha. Krassnoff estudia en escuelas públicas, en liceos fiscales, se forma en el seno de un Estado que no pertenece a su tradición aristocrática, pero que le ofrece una herramienta poderosa: las Fuerzas Armadas. Allí encuentra disciplina, jerarquía y, sobre todo, una promesa: volver a combatir al enemigo histórico.
La ruptura con su madre no es solo familiar. Cuando ella se casa con un obrero mecánico de origen mapuche y tiene una hija mestiza, Krassnoff corta el vínculo. Rechaza ese mundo. Rechaza lo popular, lo obrero, lo indígena. El desprecio racial y de clase se suma al odio ideológico. Todo encaja. Todo se ordena.
Así, cuando en 1970 el pueblo chileno elige un gobierno socialista, Krassnoff no lo vive como una coyuntura política, sino como una amenaza existencial. Lo que ocurre en Chile se inscribe, para él, en una guerra mucho más antigua. La misma guerra que el capital ha librado cada vez que los pueblos intentan emanciparse.
Porque cuando el capitalismo se ve acorralado, cuando la democracia liberal ya no basta para contener la voluntad popular, el poder no duda. Abandona el discurso de los derechos humanos, se sacude el ropaje institucional y recurre a la violencia abierta. No es un desvío: es su núcleo duro.
La Comuna de París lo supo en 1871. América Latina lo aprendió en el siglo XX. Chile lo vivió a partir de 1973. Y Miguel Krassnoff no fue una anomalía en ese proceso: fue uno de sus ejecutores más convencidos.
Cuando el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 se consuma, Miguel Krassnoff no entra en escena como un improvisado ni como un subordinado obediente. Entra como alguien que llevaba años esperando ese momento. Para él, no se trataba de restaurar el orden institucional, sino de reanudar una guerra inconclusa. La misma guerra que su familia había perdido en Europa, ahora se abría paso en el extremo sur del mundo.
El nuevo régimen necesitaba hombres así. No solo disciplinados, sino convencidos. No solo capaces de obedecer órdenes, sino dispuestos a ir más lejos, a cruzar límites, a ensuciarse las manos sin vacilar. La DINA fue creada para eso: para administrar el terror como política de Estado. Y Krassnoff se convirtió rápidamente en una de sus piezas más eficientes.
No fue solo formación militar. Krassnoff fue instruido en las doctrinas de seguridad nacional impartidas por Estados Unidos, incluyendo su paso por instancias asociadas a la Escuela de las Américas, donde generaciones de oficiales latinoamericanos aprendieron técnicas de contrainsurgencia, interrogatorio, tortura y aniquilamiento del enemigo interno. Allí la violencia no se entendía como excepción, sino como herramienta legítima para preservar el orden.
Vestía de manera impecable. Usaba corbata. Hablaba con cortesía. Escuchaba ópera. Rezaba. Nada en su apariencia anticipaba lo que vendría después. Esa pulcritud no era una contradicción: era parte del método. El horror no necesitaba gritos ni desorden. Podía ejercerse con calma, con método, con una sonrisa incluso.
En los centros de detención, Krassnoff no se escondía tras pasamontañas ni apodos. Se presentaba con nombre y rango. Ofrecía un cigarrillo, un café. Hablaba en tono bajo. Creaba una falsa sensación de humanidad antes de iniciar el castigo. No buscaba solo información: buscaba sometimiento. Que el detenido entendiera quién mandaba, qué mundo había ganado y cuál había sido derrotado.
La tortura no era un exceso ni un error. Era un mensaje. Los cuerpos colgados, la electricidad aplicada en encías y genitales, las quemaduras con fierros calientes, las violaciones, la humillación sistemática, no respondían únicamente a una lógica de inteligencia. Respondían a una lógica de escarmiento. El que se atrevía a organizarse, a pensar distinto, a soñar con otra sociedad, debía pagar un precio ejemplar.
Krassnoff no delegaba ese trabajo. Podía hacerlo, por su rango, pero no quería. Participaba directamente. Tocaba los cuerpos. Ejecutaba el dolor. Para él, la violencia no era una carga: era una convicción.
El caso de Diana Arón condensa esa lógica de exterminio. Periodista, militante del MIR, embarazada. Herida de bala al intentar escapar de un operativo. No representaba una amenaza militar. No había combate alguno que librar. Y, sin embargo, fue llevada a Villa Grimaldi y sometida a un nivel de brutalidad que incluso otros torturadores describieron años después con espanto.
Krassnoff la interrogó personalmente. Los golpes fueron tan violentos que provocaron una hemorragia masiva. El cuerpo sangrado. El suelo cubierto de sangre. El embarazo perdido como consecuencia directa de la tortura. No fue una muerte rápida. Fue una destrucción progresiva del cuerpo, una pedagogía del terror aplicada sobre una mujer indefensa.
Las palabras que salieron de su boca —racistas, antisemitas, cargadas de odio— no fueron un arrebato. Fueron la expresión desnuda de una ideología que deshumaniza al enemigo. Diana Arón no era, para él, una persona: era la encarnación de todo lo que debía ser eliminado. Mujer, militante, periodista, judía. Un símbolo que debía ser borrado.
Ese episodio no fue un desvío ni una anomalía dentro de la DINA. Fue coherente con su funcionamiento. Villa Grimaldi no fue solo un centro de detención: fue una fábrica de terror, donde miles de personas fueron quebradas física y psicológicamente. Donde algunas murieron bajo tortura. Donde otras desaparecieron para siempre.
Cuando la tortura ya no servía, cuando el cuerpo estaba exhausto o la información se había agotado, venía la fase final: la desaparición. Eliminar no solo a la persona, sino también su rastro. Negar el duelo. Producir un vacío permanente.
Los llamados vuelos de la muerte fueron una de las expresiones más extremas de esa política. Prisioneros vivos, atados a trozos de rieles, lanzados al mar desde helicópteros. El cuerpo convertido en desecho. El océano como fosa común.
Krassnoff participó directamente en esos vuelos. No como espectador, no como subordinado. Tomaba a las personas y las empujaba al vacío. Una tras otra. Con una frialdad que impactó incluso a otros oficiales formados en la misma lógica represiva. No había apuro. No había nerviosismo. Solo ejecución.
Ese acto resume una verdad incómoda: la violencia del Estado, cuando se libera de toda restricción, no necesita monstruos descontrolados. Necesita funcionarios convencidos.
Nada de esto quedó enterrado en los años setenta. La violencia estatal no es un recuerdo: es una posibilidad latente. Cuando en octubre de 2019 el llamado “oasis chileno” estalla, el Estado vuelve a responder con represión. Más de cuatrocientas personas con trauma ocular. Detenciones ilegales. Torturas. Violaciones. Asesinatos. Presos políticos. Otra vez el orden defendiéndose a sí mismo.
No hubo dictadura, pero hubo violencia. Porque no hay dos historias ni dos violencias. Hay una sola continuidad. El mismo Estado que dice proteger los derechos humanos es el que los suspende cuando el modelo se siente amenazado.
En ese contexto, Miguel Krassnoff reaparece como figura política. No solo como condenado por crímenes de lesa humanidad, sino como objeto de reivindicación. José Antonio Kast, hoy presidente electo, lo ha visitado en la cárcel. Ha hablado de él con respeto. Ha insinuado su indulto, bajo la idea de que no se trata de un criminal, sino de un perseguido.
Ese gesto no es anecdótico. Indultar a Krassnoff no sería un acto humanitario. Sería una señal. Decir que la tortura puede relativizarse. Que el exterminio puede justificarse. Que la violencia estatal puede volver a considerarse legítima cuando los pueblos insisten en emanciparse.
La impunidad no es solo una deuda con el pasado.
Es, sobre todo, un programa para el futuro.