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La ley de amnistía fue un escandaloso acto de corrupción política perpetrado por Pedro Sánchez para comprar el voto de siete diputados de Junts y conseguir la presidencia del Gobierno. Un acto de estas características haría nulo cualquier contrato. En cualquier democracia sería impensable que un tribunal constitucional independiente, a diferencia de lo que sucede en España con Conde-Pumpido y sus mariachistas sanchistas, validara algo tan reprobable e indigno como es la autoamnistía. Esto es posible por la catadura moral y la ausencia de principios de los magistrados progresistas del Constitucional, así como del escaso nivel jurídico de algunos.