Perú ante el abismo jurídico: la “ley de impunidad”, el fallo del Tribunal Constitucional y la crisis estructural del Estado de derecho

La ONU alerta sobre el grave retroceso que supone el fallo del Tribunal Constitucional peruano que valida la “ley de impunidad”, permitiendo la prescripción de crímenes de lesa humanidad. El caso Castillo evidencia una crisis más amplia del Estado de derecho en Perú.

El 19 de diciembre de 2025, un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas expresó una preocupación inusual pero contundente: el Tribunal Constitucional del Perú había ratificado la constitucionalidad de la Ley 32107, conocida por amplios sectores de la sociedad civil como la “ley de impunidad”. Esta norma permite aplicar la prescripción a crímenes de lesa humanidad cometidos antes de la ratificación del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

El pronunciamiento de la ONU no fue un gesto aislado. Representó la culminación de años de advertencias sobre el deterioro del Estado de derecho en Perú, un país donde la crisis política, la inestabilidad institucional y la instrumentalización del sistema judicial han configurado un escenario de profunda fragilidad democrática. El fallo del Tribunal Constitucional, lejos de ser un episodio técnico, se inscribe en una tendencia más amplia: la erosión de los mecanismos de rendición de cuentas y la consolidación de un clima de impunidad que afecta tanto a las víctimas de crímenes históricos como a actores políticos contemporáneos.