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Las autoridades de Ecuador deben garantizar que las consultas ambientales en relación con los proyectos mineros se ajusten a las normas de derechos humanos, en particular mediante la inclusión de todas las comunidades que potencialmente se verán afectadas por estas actividades extractivas, y respetando su derecho a las libertades de expresión y reunión : es la demanda de varios expertos* de la ONU en estos últimos días.