ONU a Serbia : que se detenga la represión del movimiento estudiantil

Expertos de la ONU en derechos humanos* alertan por la intensificación de la represión en Serbia contra estudiantes, profesores, defensores de derechos humanos, actores de la sociedad civil y ciudadanos, en medio de uno de los movimientos de protesta más grandes de la historia reciente del país.

“Lo que estamos presenciando en Serbia es un intento sistemático de silenciar las voces críticas y desmantelar la independencia de las instituciones académicas”, declararon los expertos. “Esto no es solo una protesta estudiantil, sino una prueba de la rendición de cuentas en materia de derechos humanos y la resiliencia democrática”.

“El acceso a la justicia, a recursos efectivos y a la reparación es un derecho fundamental en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, afirmaron los expertos. “Las víctimas de violaciones de derechos humanos deben poder buscar justicia, obtener reparación y estar protegidas de mayores daños y represalias”.

Las protestas, lideradas por el movimiento “Estudiantes en Bloqueo”, estallaron a finales de 2024 y desde entonces se han extendido por toda Serbia. Lo que comenzó como un llamado a la rendición de cuentas tras el trágico colapso de la marquesina ferroviaria de Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas y heridas graves a otras, se ha convertido en una demanda nacional de rendición de cuentas, transparencia, justicia e inversión en educación. El movimiento alcanzó su punto álgido en marzo de 2025, cuando cientos de miles de personas se congregaron en Belgrado en una poderosa muestra de unidad cívica, según los expertos.

Los expertos señalaron que la respuesta del Gobierno se ha caracterizado por un preocupante patrón de represión. Se ha informado de qué manifestantes pacíficos han sufrido intimidación, agresiones físicas, vigilancia y arrestos, a menudo sin justificación legal. Estudiantes y funcionarios universitarios han sido descaradamente desprestigiados gracias a medios de comunicación afines al Estado quienes publicaron cientos de artículos difamatorios y calificaron a los manifestantes de «terroristas», un término también utilizado por representantes del gobierno.

La represión del gobierno serbo

Desde finales de junio de 2025, Serbia ha experimentado una escalada en la vigilancia policial de las protestas pacíficas lideradas por estudiantes. Según informes, en ciertos puntos del país se han producido más de 200 manifestaciones diarias. Las autoridades han respondido con fuerza excesiva, arrestos arbitrarios y detenciones prolongadas, incluso entre estudiantes de secundaria y universitarios. Los informes de vigilancia ilegal, lesiones graves y el despliegue de agentes no identificados o vestidos de civil han suscitado serias preocupaciones sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos. «En lugar de escuchar las voces de los jóvenes, el Gobierno ha optado por castigarlos», afirmaron los expertos. «Este enfoque no solo viola las normas internacionales de derechos humanos, sino que, por su propia naturaleza, socava los cimientos de una sociedad democrática».

Hicieron hincapié en que las instituciones educativas se han visto sometidas a presiones. Los salarios del profesorado se han recortado o suspendido drásticamente y la financiación de la investigación se ha reducido drásticamente. Según informes, el profesorado y el alumnado de secundaria han sido sometidos a escrutinio administrativo y amenazas de medidas disciplinarias por participar o apoyar las manifestaciones. “Con el cierre del año académico y el inicio de la matrícula, instamos a Serbia a renovar su compromiso con los derechos humanos y un diálogo constructivo”, declararon los expertos, con la esperanza de que el nuevo año escolar permita a estudiantes y educadores aprender y enseñar sin intimidación. Destacaron que la libertad académica y los derechos de los estudiantes son pilares de cualquier sociedad democrática e inclusiva.

Los expertos de la ONU instaron al Gobierno serbio a cesar de inmediato todas las formas de represalia e intimidación, garantizar la seguridad y los derechos de estudiantes, educadores, defensores de derechos humanos, actores de la sociedad civil y ciudadanos, y entablar un diálogo constructivo con las instituciones académicas.