La Unión Europea discute una revisión de la Directiva de Facilitación del tráfico de migrantes que, según expertos de Naciones Unidas, amenaza con criminalizar la asistencia humanitaria. El punto neurálgico es la ausencia de una cláusula obligatoria de exención humanitaria: sin ella, quienes salvan vidas en las fronteras podrían ser perseguidos como delincuentes.
La propuesta de la Comisión Europea, publicada en noviembre de 2023, se inscribe en un clima político marcado por la securitización de las migraciones y el endurecimiento de las políticas de control. Bajo el pretexto de combatir el “tráfico ilícito”, se corre el riesgo de confundir a los traficantes con quienes ofrecen apoyo vital a refugiados, solicitantes de asilo y víctimas de trata.
La paradoja europea
Europa, que se presenta como bastión de los derechos humanos, avanza hacia un marco legal que podría sancionar a quienes actúan por razones humanitarias o de solidaridad. Los expertos de la ONU recuerdan que el derecho internacional obliga a asistir a personas en peligro, y que el Protocolo contra el tráfico de migrantes reconoce explícitamente la necesidad de proteger vidas. Sin embargo, la lógica dominante parece ser otra: disuadir, controlar, cerrar fronteras, incluso a costa de criminalizar la compasión.