de RUSCA con AMOR

El grupo de trabajo relacionado con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos  de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 54/9 del 11 de octubre de 2023, reconociendo la contribución esencial de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, en la lucha contra el hambre y la preservación y mejora de biodiversidad.

Actualmente, los medios de vida en las zonas rurales se ven afectados desproporcionadamente por la pobreza, la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la violencia y la explotación, y que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales son particularmente vulnerables a las crisis financieras y económicas mundiales y a la degradación ambiental, como el cambio climático y otros desastres naturales.

Hoy en día, millones de personas en el mundo se ven privadas de una nacionalidad. Por ese motivo, a menudo no se les permite ir al colegio, al médico o conseguir trabajo : las personas apátridas pueden tener serias dificultades para ejercer sus derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo y la libertad de movimiento. Privadas de estos derechos, se enfrentan a una vida en donde nada es simple. La  Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) imaginaba poder acabar con estas situaciones tan absurdas por 2024, pero, solamente el año pasado, quedaban todavía alrededor de 4 millones y medio de apátridas en el mundo.

No todos los apátridas han recuperado su nacionalidad hasta el día de hoy.

Entrevista a Fatma Galia Mohamed Salem, activista y presidenta de la liga de periodista y escritores saharaui en Europa.

Desde 1963, el Sáhara Occidental fue identificado por las Naciones Unidas como un territorio no autónomo, tenente derecho a su autodeterminación, de conformidad con las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de la ONU. Un referendum para que el pueblo saharaui pueda pronunciarse a este efecto fue prometido en 1991, sin embargo, por falta de voluntad de Marruecos, país ocupante, así por falta de voluntad de la comunidad internacional entera, ningún referendum se organizó a este efecto hasta la fecha, y los territorios saharauis siguen en un lío jurídico hasta la fecha.

El proyecto de ley presentado ante el Congreso peruano por el que se establece que nadie podrá ser procesado, condenado o castigado por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1° de julio de 2002, contraviene el derecho internacional sobre la aplicación de la prescripción a los crímenes atroces, advirtieron hoy expertos* de la ONU.

«La adopción del proyecto de ley 6951/2023-CR pendiente de aprobación ante el Congreso peruano, impediría la persecución penal, condena y sanción de las personas que cometieron tales crímenes antes de julio de 2002, obstaculizando el acceso a la justicia, y el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas», señalaron los expertos.

“Debemos responder a su llamado. Nuestra Tierra, militarizada, vallada, envenenada, lugar donde los derechos fundamentales son violados sistemáticamente, exige que actuemos. Construyamos sociedades capaces de convivir con dignidad, de una manera que proteja la vida. Unámonos y mantengamos la esperanza, defendiendo y cuidando la sangre de la Tierra y sus espíritus”. Berta Cáceres, activista por los derechos indígenas del pueblo Lenca, asesinada en Honduras en 2016.

Mientras el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cumple su décimo aniversario, un nuevo informe revela tendencias alarmantes en las muertes y desapariciones de migrantes durante la última década.

Más de un tercio de los migrantes fallecidos cuyo país de origen pudo identificarse provienen de países en conflicto o con grandes poblaciones de refugiados, lo que pone de relieve los peligros que enfrentan quienes intentan huir de zonas de conflicto sin caminos seguros.

Las autoridades de Ecuador deben garantizar que las consultas ambientales en relación con los proyectos mineros se ajusten a las normas de derechos humanos, en particular mediante la inclusión de todas las comunidades que potencialmente se verán afectadas por estas actividades extractivas, y respetando su derecho a las libertades de expresión y reunión : es la demanda de varios expertos* de la ONU en estos últimos días.

Durante el pasado mes de marzo sesionó el 140° periodo de Sesiones del Comité de Derechos Humanos antes las Naciones Unidas, en la sede de Ginebra, Suiza. Este año se examina la situación de Chile en relación al respeto de los derechos humanos. Antes las varias fragilidades que el Comité encontró adentro del sistema gubernamental chileno, se evidencia el uso de la violencia durante las protestas sociales y la falta de acceso a un juicio justo, que sea por los jóvenes presos de la Revuelta o por sus compañeros presos políticos mapuches, ambos víctimas de las fragilidades pendientes de un sistema que pena aun a legitimarse adentro de los mecanismos que protegen los derechos humanos.

Entre el 15 de abril y el 15 de mayo se está realizado la 79° sesión del Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT). Durante la semana pasada fue Honduras que tuvo que rendir cuenta a los expertos de la ONU. Varias organizaciones pudieron presentarse y traer preciosas informaciones en sus informes alternativos: entre otras, El Clarín de Chile pudo encontrarse con Esther Salinas del Centro Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familiares (C.P.T.R.T.); Carlos Paz de Cáritas, Junior Zuñiga del Bufete Justicia para los Pueblos y Olga Guzmán de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

La Experta Internacional de Derechos Humanos de la ONU Antonia Urrejola llamó al Estado colombiano a implementar el Acuerdo de Paz de 2016 como una política de Estado y asegurarse que todos los procesos de diálogo con grupos armados no estatales tengan un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas.

En su informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Urrejola identifica los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Estos incluyen los que identificó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2023, y formula recomendaciones para contribuir a la construcción de paz en Colombia.

El informe recoge avances en ciertos aspectos del Acuerdo, referentes a la reforma rural integral y la justicia transicional. Destaca, además, que el 80% de las personas firmantes del Acuerdo siguen comprometidas con el proceso de reincorporación a la sociedad, a pesar de los obstáculos y riesgos para sus vidas.